Más allá de los problemas inmediatos que acarrea la (ilegítima y legalmente cuestionable) vacancia del presidente Vizcarra –entre ellos, el probable fin de la reforma universitaria y el retiro descontrolado de dinero de los fondos de pensiones–, se pone de manifiesto un problema central en la política peruana: carecemos de una representación política adecuada. Este problema tiene base en nuestra legislación electoral. Específicamente, son tres los factores que propician este fenómeno. El primero es la elección del Congreso en primera vuelta. El segundo es el voto preferencial. Y, el tercero es la no reelección inmediata de autoridades políticas.  

Sobre el primero, un cuerpo importante de la ciencia política estudia el desequilibrio de Poderes en el Estado. Esto ocurre cuando un Poder del Estado tiene la capacidad para imponerse sobre los demás, como se ha dado en el Perú desde el 2016, cuando Kuczynski logró hacerse de la presidencia con apenas 18 congresistas. En democracias parlamentarias, esto no es posible y existe una buena razón para ello. Los gobiernos requieren de representantes en el Congreso para defender y aprobar sus políticas públicas. Sin ellos, tienden a fracasar. Esto es lo que ha ocurrido en el Perú del último quinquenio. Entre 2018 y 2019, años en los que Vizcarra gobernó sin congresistas, sólo se aprobó el 39% de los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo. Un análisis hecho por Barnechea y Jaramillo en 2020, encontró una diferencia de medias estadísticamente significativa con relación a la ratio de proyectos de ley aprobados en favor del Ejecutivo en periodos anteriores. Asimismo, los porcentajes de aprobación de proyectos de ley del Ejecutivo desde 2001, pueden ser apreciados en el siguiente gráfico:

En otras palabras, nuestras reglas de juego no deberían permitir que un presidente llegue al poder sin un resguardo suficiente en el fuero legislativo. Una solución para ello es no elegir al Congreso en la primera vuelta, sino en la segunda. La lógica detrás de esta propuesta es simple: los electores tenderán a favorecer a los dos partidos que se disputarán la Presidencia de la República. Así, no habría más gobiernos de minoría en el Congreso.

Otra reforma pendiente en el Perú (bloqueada por el Congreso anterior), es la eliminación del voto preferencial. Cuando permitimos que los electores elijan a sus representantes congresales en forma directa, estamos desincentivando la cohesión en los partidos políticos. De esta manera, los candidatos optan por realizar campañas individuales y no trabajar en un proyecto político conjunto. Es por esta razón que la volatilidad en el Congreso es alta. Los congresistas carecen de un sentido de pertenencia a los partidos que representan y toman decisiones en función de sus propios intereses. Por el contrario, si los electores eligieran un programa político y no una lista de candidatos, sus intereses estarían mejor representados en el fuero legislativo. A su vez, esto fomentaría un rico debate al interior de los partidos con respecto a quienes deberán ocupar los escaños que les han sido concedidos. Por consiguiente, se trataría de una manera efectiva para garantizar el desarrollo de auténticos procesos de democracia interna.

Finalmente, uno de los perjuicios más grandes que ha sufrido la democracia peruana en los últimos años es la aprobación de la no reelección inmediata de congresistas y otras autoridades políticas (entre ellos los gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales). En toda democracia representativa, las elecciones son el mecanismo de rendición de cuentas por excelencia. Los electores recompensan a las autoridades que hicieron un buen trabajo, reiterando su confianza a través del voto y, castigan a aquellas que no, al no reelegirlas. Sin ese vínculo, al que el politólogo norteamericano David R. Mayhew llamó la “conexión electoral”, las autoridades en el cargo pierden los incentivos para responder ante los ciudadanos que los pusieron en el poder. Esto ha sido cierto en el Perú al menos hasta el año 2016: en los últimos catorce años, la tasa de reelección congresal fue de apenas 18% (estando la mayoría de casos en Lima), mientras que, en 8 regiones del Perú, nunca ha sido reelecto un congresista de forma inmediata. La evidencia nos dice que los electores peruanos castigan sistemáticamente el desempeño deficiente de sus autoridades.

Si aspiramos a ser un país con representantes políticos de calidad, debemos embarcarnos en un proceso de reflexión y reforma política serio (más serio que el que tuvo lugar entre 2018 y 2019), en el que se preste atención a los tres ejes discutidos en este ensayo. Está en nosotros proteger al país de los atropellos que se han cometido sobre la democracia en los últimos cinco años.